PERSONERÍA RINDIÓ INFORME DE GESTIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL
En sesión plenaria, desarrollada en las instalaciones del Concejo de Bucaramanga, el Personero Municipal, Rafael Picón Sarmiento, presentó su informe final sobre las actividades que desarrolló en su periodo, destacando la prestación de ayuda y control a los venezolanos que ingresaron a la ciudad, la vigilancia y control a las EPS´s, garantizando una adecuada prestación de sus servicios a los ciudadanos, de igual manera el acompañamiento y capacitación a los personeros estudiantiles, y lo propuesto al Concejo para que se implemente como política pública la protección animal.
“En el año 2019 descentralizamos la institución, volteamos la institucionalidad a las calles, salir de los escritorios y que la atención a la ciudadanía sea primaria directamente donde se encuentran las problemáticas” afirmó el Personero, quién además resaltó la labor de esta entidad por la protección de las niñas y niños, “fuimos hasta los semáforos de las calles donde encontramos la vulneración de los derechos de los niños y prestamos la debida protección”
Los cabildantes resaltaron la importancia de esta entidad como ente de control y vigilancia al actuar de la administración municipal, la promoción y protección de los derechos humanos, pero exigieron mayor control a los temas de corrupción.
Una de las dudas presentadas por los cabildantes durante el informe de gestión fue sobre las CPS contratadas en la entidad, “¿señor Personero, para los nombramientos se modificó el manual de funciones de la entidad? ¿Las CPS contratadas, se requieren de acuerdo al plan de acción? Preguntó el HC Carlos Barajas
Para el HC Carlos Parra, a la Personería le ha hecho falta servir como intermediario en temas polémicos de la ciudad, “Yo creo que lo más valioso, si habláramos de proteger los derechos de la gente, es que la personería hubiera asumido un rol de mediador en casos como cerros orientales, impuesto predial y el tema de las plazas de mercado”
Por último hicieron un llamado al próximo Personero, para que vigile y garantice la conservación del medio ambiente, el patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios esenciales, la protección de los derechos humanos, en especial a los niños y niñas adolescentes.