Además se le cuestionó por el creciente número de vallas legalizadas que violan la normatividad, la deficiente gestión en materia de legalización de barrios y la falta de control frente a la venta de licor en las tiendas de barrios.
Bucaramanga, 05 de noviembre 2014/ Fuertes cuestionamientos recibió el Secretario de Planeación Municipal, Mauricio Mejía Abello, por parte de los concejales de Bucaramanga en referencia a la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Segunda Generación, que fue aprobado el pasado 30 de mayo y en el que fueron consignados aspectos que los corporados denominaron “recetas” por parte de la CDMB y de la propia Secretaría de Planeación.
El más grave de todos fue denunciado por el concejal de Cambio Radical, Édgar Suárez Gutierrez y tiene que ver con la afectación de casi cien predios que antes del POT eran urbanos y ahora son rurales, pese a que están ubicados en la mitad de la ciudad. “Es lo que se conoce como DMI (Distrito de Manejo Integrado); todas las áreas que se contemplen dentro de esta línea imaginaria es considerado como rural y la autoridad ambiental es por lo tanto la CDMB”, explicó.
Para el corporado, los DMI son áreas que fueron identificadas desde el código nacional de recursos naturales en 1974, como espacios de la biosfera que por razones ambientales o socioeconómicas se delimitan para que dentro de los criterios de desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de los recursos naturales renovables y actividades económicas que allí se desarrollen. “Deben tener ecosistemas que representen un valor singular y su oferta ambiental debe permitir que se desarrollen prácticas de aprovechamiento de los recursos naturales en su interior, pero se garantice su conservación”, destacó.
Para declarar una zona de este tipo debe realizarse un estudio previo y tener un plan de manejo que incluya la valoración de las actividades económicas y del componente ambiental con una zonificación y unas condiciones o restricciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales. “Por tanto, las zonas urbanas no corresponden a esta categoría y resulta particular que en Bucaramanga exista un DMI con calles y casas y actividades humanas que no se relacionan precisamente con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”, dijo Suárez Gutiérrez en la plenaria del martes anterior.
Denunció que “la CDMB nos recetó el DMI en la aprobación del POT, a tal punto que este llega hasta las vías públicas de nuestro municipio y más aún, afectó a barrios y predios de nuestros ciudadanos, los cuales muchos de estos propietarios de viviendas, pasaron de tener predios urbanos con estratificación a ser predios rurales producto de esta mala receta, es el caso concreto de varias viviendas de los barrios Guayacanes, Avenida el Jardín, entre otros”.
En términos generales –advirtió el concejal- con el DMI se están vulnerando desde derechos fundamentales hasta colectivos. “Tendríamos que preguntarle a la Secretaria de Planeación si hoy el barrio de la Avenida el Jardín, por ejemplo, a qué vereda o a qué corregimiento pertenece, esto porque el dichoso DMI de la CDMB sacó varios predios de más de 40 años de construidos y estratificados y los pasó de tajo a ser predios rurales”.
Y expuso que las personas perjudicadas, desde ya pueden recurrir a acciones judiciales como la tutela y acciones populares para solicitar les sean restablecidos sus derechos. “Es urgente que se revisen por parte de Planeación Municipal y el Área Metropolitana de Bucaramanga como autoridad urbana y se nos indique de forma precisa cuántos predios fueron afectados por esta arbitrariedad y cuando la CDMB pretenda hacer correcciones ojalá sea con el acompañamiento de la Procuraduría, esto para evitar que ante esta necesidad se aprovechen para beneficiasen”, puntualizó.
OTROS CUESTIONAMIENTOS AL SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Durante la presentación del informe trimestral de la Secretaría de Planeación Municipal, los concejales de Bucaramanga también hicieron fuertes criticas en temas como la legalización de predios, la publicidad exterior y la aplicación de sanciones a los establecimientos que vendan licor para consumo en el sitio.
“No se va a cumplir la meta de setores legalizados, primero porque los que ya se legalizaron no cuentan con los servicios públicos, no tienen agua ni alcantarillado y aunque se les expidieron su certificación de legalización tienen que subsistir con pila pública. Y segundo, porque, pese a que ya se cumplieron con los requisitos, los procesos están en los archivos con más de tres años de atraso en su proceso de legalización”, indicó el concejal de Afrovides, Carlos Arturo Moreno.
Por su parte, el concejal de Cambio Radical, Wilson Ramirez Gonzalez, denunció cómo ha crecido el número de vallas publicitarias legalizadas luego de aprobarse el POT. “Queremos saber cuántas de esas vallas recibieron el visto bueno de Planeación para que se pudieran instalar en sitios en los que evidenemente no cumplen con la norma de publicidad visual exterior”, recalcó.
Por su parte, el concejal de Aico, Raúl Oviedo Torra, pidió la aplicación de la norma que establee la prohibición de la venta de licor en tiendas de barrio para consumo en el sitio. “O todos en la cama o todos en el suelo, no puede aplicarse la norma a unos y a otros no, se estableció que las tiendas si pueden vender licor, pero para llevar y no para consumo en el lugar, por que violan el espacio público”, expuso.