Más allá de realizar un control político y visibilizar las problemáticas que se presentan con la población carcelaria, el honorable concejo de Bucaramanga, realizo la ruta Social de Poblaciones Vulnerables, en las instalaciones del instituto penal y carcelario La Modelo.
La crítica situación de la población carcelaria llevó al Procurador Regional de Santander, Carlos Ramírez Hincapié, a presentar una acción de tutela contra el INPEC y el Ministerio de Justicia, solicitando al municipio crear nuevos cupos y espacios carcelarios para resolver problemas en materia penitenciaria de la región. Esto se debe a que actualmente, la Cárcel Modelo de Bucaramanga tiene más de 3 mil cupos en aproximadamente 5.5 hectáreas y su diseño legal es para mil cupos, es decir, tiene el triple de capacidad que puede conllevar, sin contar los “más de 400 capturados que se albergan en las cinco estaciones de policía del área metropolitana” (EL TIEMPO, 2016).
Los honorables concejales denuncian la falta de servicio de salud, como un derecho vital de todos los ciudadanos. El recinto carcelario no cuenta con un puesto de salud, ni siquiera tienen medicamentos, “los presos deben mendigar medicamentos” indicó el concejal Rene Garzón, promotor de la RSPV
Por su parte, Henry Mayorga, director del Instituto Penitenciario y Carcelario denuncio que únicamente labora una psicóloga y no cuentan con trabajadora social. Inclusive, los mismos trabajadores del INPEC indican que se han acomodado salones, anteriormente usados para dictar los diferentes programas sociales de la penitenciaria, Ahora son los lugares hacia donde trasladan los heridos, vulnerando uno de los derechos más importantes como seres humanos, el derecho a un servicio de salud digno. La pregunta radica en ¿Cómo está trabajando la administración por el instituto?
Frente al hacinamiento, como uno de los problemas más alarmantes, calculando un 300% de sobrepoblación, el Concejal René Garzón propone la reubicación de la cárcel y sus internos al lote de Palo Gordo, (terreno y diseño del INPEC), el cual cuenta con 25hectáreas, un espacio carcelario que mejoraría las condiciones para esta población. Esta reubicación sería un proyecto regional como Complejo Carcelario con máxima seguridad, mediana seguridad y sindicados, los cuales son responsabilidad del municipio.
De este modo, dicho proyecto regional puede contar con los recursos de regalías de los municipios del área metropolitana, departamento y gobierno nacional, a fin de: 1.arreglar la situación de los sindicados,2. Implementar centros de resocialización y 3. Despejar cárceles (la de campo hermoso asignándolo para vivienda y la cárcel de mujeres destinada para el sistema de responsabilidad penal).“Este proyecto podría adaptarse como el Complejo Carcelario de Medellín,el cual también se creó por la necesidad de mejorar la suerte de los detenidos y humanizar las condiciones de habitabilidad de la población reclusa” indicó el Concejal René Garzón.