La Contralora Madga Milena Amado aceptó las justificaciones de los corporados y dijo que que su despacho emitió un Control de Advertencia frente a la irregular contrato de arrendamiento suscrito por $48 millones que por tres meses.
Bucaramanga, 17 de octubre 2014/ Por ser innecesario, costoso y estar ‘amarrado’, el Concejo de Bucaramanga exigió a la Alcaldia de Bucaramanga reversar el contrato de arrendamiento suscrito por la Caja de Previsión Social, legalizado hace unos días, que tiene como objeto, trasladar las oficinas de este instituto descentralizado a unas instalaciones fuera del Palacio de Gobierno.
Las denuncias hechas el pasado primero de octubre por el Concejal de la U, Cleomedes Bello Villabona, quien expuso que en la Caja de Previsión hay unos recursos importantes con los que se “quieren hacer fiesta” y luego el pasado 7 de octubre donde denunció la existencia de un contrato leonino, prendieron las alarmas de la Contraloría, que de inmediato inició proceso de auditoría, que permitió que el Ente de Control emitiera un Control de Advertencia y posteriormente abriera una invstigación a la Caja.
Este viernes, durante la presentación del informe del segundo trimestre de 2014 del director de la Caja de Previsión Social, José Gabriel Jaimes Rodriguez, los concejales Cleomedes Bello Villabona y Sandra Lucía Pachón Moncada (Cambio Radical) exigieron respuestas del funcionario y un informe a la Contraloría de Bucaramanga sobre el avance de la situacion denunciada, lo que permitió dejar en claro que sí se hallaron posibles irregularidades que dieron lugar a la apertura de una investigación fiscal por daño al patrimonio público.
“No sabíamos que cuando hicimos la denuncia ya la Contraloría había emitido un Control de Advertencia. Nosotros pudimos establecer que no hay razón de ser de este contrato y hemos pedido que no se avance con él, pues no es justo para los bumangueses que paguen una sede innecesaria, costosa y amarrada a la posibilidad de un año más de arriendo”, dijo el concejal Bello Villabona, quien celebró que la Contraloría haya anunciado una investigación.
Por su parte, la concejala Sandra Lucía Pachón Moncada, destacó que “se puso al descubierto por parte de a Contraloría que la justificación para el traslado de la sede de la Caja de Previsión obedecía a que se requerían de esas oficinas para la Secretaría Jurídica, pero la propia jefe de despacho, la doctora Carmen Cecilia Simijaca dijo que nunca pidieron el uso de esas dependencias”, lo que hace caer en cuenta que no se requería el traslado ni el arriendo de nuevas oficinas.
La Contralora Magda Milena Amado explicó ante la plenaria los detalles que llevaron a su despacho a abrir la investigación fiscal por presunto daño al patrimonio público.